SOBRE UNODC EN MÉXICO

 

En 1996 el Gobierno de México y los Gobiernos de Centroamérica, a través de sus embajadas acreditadas en México, celebraron un Memorando de Entendimiento mediante el cual se comprometieron a trabajar en conjunto con UNODC, esto con el fin de enfrentar los problemas de drogas y delito de la región. El memorando fue el antecedente para que en el año de 2003 la UNODC y el Gobierno de México celebraran un Acuerdo Sede para el establecimiento de la Oficina Regional para México y Centroamérica, con el fin de coordinar y supervisar las actividades de UNODC en esta región.  En este acuerdo, el Gobierno de México reconoce la personalidad jurídica de la Oficina en México, así como sus privilegios e inmunidades. En el 2008 se firmó un Acuerdo de Cooperación que fortaleció aún más las relaciones entre UNODC y el Gobierno de México, a través del cual se establecieron las modalidades de cooperación entre ambos.

 

El 15 de octubre del 2012 se firmó un nuevo Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y las Naciones Unidas para generar una nueva forma de asociación y otorgar a la Oficina de UNODC en México funciones de una Oficina de Enlace y Partenariado, LPO por sus siglas en inglés. Esta nueva oficina desarrollará junto con el Estado mexicano operaciones y funciones de planificación estratégica, promoción de alianzas, Cooperación Sur-Sur, intercambio de información y conocimiento, así como análisis de tendencias. La fortalecida asociación entre México y la UNODC mantiene vigente el acuerdo de 2003.

 

Para más información, favor de consultar la página: http://www.unodc.org/

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

A nivel mundial, la violencia contra mujeres y niñas (VCMN) es un fenómeno estructural y sistémico, que ocurre en un contexto de relaciones de poder desiguales y normas de género que promueven la discriminación, conformando un marco que limita el acceso a las oportunidades de desarrollo y lesiona el conjunto de derechos humanos fundamentales de las personas víctimas.  En México, a este escenario se añaden factores intersectoriales como la escasez de servicios e infraestructura para el desarrollo social, el impacto generado por el crimen organizado, los bajos niveles de acceso a la justicia y las elevadas tasas de impunidad en el sistema penal, que tienen afectaciones diferenciadas en función del género.

 

Además de esta perspectiva cualitativa, la magnitud de la problemática puede ser también dimensionada a partir de los datos registrados por las fuentes oficiales. Al respecto, la última información recolectada por el INEGI[1] indica que 66.1% de las mujeres mexicanas de quince años o más, ha sufrido cuando menos un incidente de violencia a lo largo de sus vidas. En el ámbito de las políticas de seguridad, la misma institución indica que el indicador de percepción de inseguridad de mujeres y niñas es más elevado que el rango promedio nacional, al tiempo que supera lo expresado por los ciudadanos varones en todos los ámbitos territoriales [2]. Esta perspectiva diferenciada respecto de las condiciones de seguridad en que se desenvuelven mujeres y niñas en México, se complementa con el seguimiento realizado por el Centro Nacional de Información, instancia que ha identificado que mujeres y niñas representan una proporción considerable en la tasa de victimización de delitos específicos como lesiones dolosas, corrupción y tráfico de menores, así como trata de personas[3].

 

Consciente de este escenario y en atención a su mandato, UNODC, en alianza con la Iniciativa Mérida, sumaron esfuerzos para respaldar el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad (el Programa).

 

Durante su primera fase, comprendida entre 2016 y 2018, esta iniciativa generó materiales de aprendizaje y transmitió herramientas teórico-prácticas a ocho mil oficiales de policía y agentes de atención de llamadas de emergencias que actúan como primeros respondientes en eventos que involucran a mujeres y niñas víctimas de violencia por razones de género, fortaleciendo las capacidades de prevención, atención y canalización de las instancias de seguridad pública de 20 entidades de la República.

 

Para su segunda fase, programada para implementarse entre 2019 y 2021, el Programa ampliará sus alcances, tanto en términos numéricos como territoriales. Así, durante este periodo, la meta consiste en formar a diez mil primeros respondientes, así como actualizar y localizar los materiales previamente diseñados para que atiendan a las necesidades y características de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, comprendiendo un total de 25 entidades y 20 municipios.

Con estas medidas, el Programa de Fortalecimiento y la UNODC, buscan contribuir a la transformación y erradicación de los patrones culturales que normalizan y reproducen la violencia de género en todo el país.

 

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO:

El/la coordinador/a en Desarrollo Institucional y Género, aplicará sus conocimientos y experiencia en el tema (a nivel federal, estatal y municipal) para llevar a cabo la coordinación, ejecución y desarrollo del “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad” en los 25 estados y 30 municipios parte, bajo  una  perspectiva de Género y Derechos Humanos,  considerando  la naturaleza  y  vocación  de  la  Oficina  de  Enlace  y  Partenariado  de la UNODC  en México.

 

SUPERVISIÓN

El Coordinador/a en Desarrollo Institucional y Género trabajará bajo la supervisión directa de la coordinadora del Pilar Programático de Prevención del Delito y la guía general del Representante de la Oficina de Enlace y Partenariado en México de la UNODC.

 

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. México: 2017. Consultado en https://bit.ly/2RFCUyv.

[2] __________________________________________. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. México: 2018. Consultado en https://bit.ly/2CZoiot.

[3] Centro Nacional de Información. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. México: 2018. Consultado en https://bit.ly/2FAmu7p.

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES:

  • Coordinar la implementación de las capacitaciones a la fuerza policial estatal de los 25 estados de la república mexicana que comprenden el proyecto.
  • Coordinar la implementación de las capacitaciones a las y los operadores de llamada de emergencia de los 25 estados de la república mexicana que comprenden el proyecto.
  • Coordinar la implementación de las capacitaciones a la fuerza policial local de los 30 municipios que comprenden el proyecto.
  • Coordinar y monitorear la implementación del diplomado especializado en “Prevención, investigación del feminicidio y actuación policial”
  • Desarrollar, fortalecer, mantener y atender, las relaciones con el donante y las contrapartes del proyecto. 
  • Supervisar la organización logística de los eventos considerados en el proyecto, y asegurar que se ejecuten siguiendo las normas de UNODC, y en línea con los procedimientos de la Oficina.
  • Evaluar la necesidad de complementar el proyecto con consultorías, y en dado caso, dar seguimiento y revisar los productos generados; así como asegurar su difusión y utilización.
  • Brindar acompañamiento, guía y supervisión al personal asignado al proyecto.
  • Asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto en los parámetros y tiempos establecidos.  

·         Organizar y garantizar la correcta administración de fondos y evaluación del proyecto, de acuerdo con lo establecido en las normas y estándares de evaluación de las Naciones Unidas.

  • Redactar informes, notas conceptuales, minutas, y documentos técnicos en español e inglés, tanto para el proyecto como para el pilar de prevención del delito.

·         Apoyar en la ejecución de otros proyectos dentro del pilar de prevención del delito, según sea requerido con base en sus capacidades, y áreas de experiencia.

·         Apoyar de manera técnica al personal de la oficina en temas de prevención del delito, seguridad pública, policía, género y violencia.

  • Elaborar planes de implementación del proyecto de acuerdo con la situación sociopolítica de los estados y municipios parte, optimizando los resultados acordados con las contrapartes y donante.
  • Apoyar en la impartición de las capacitaciones en los estados o municipios que se requieran.
  • Apoyar en la preparación de notas conceptuales para la negociación de nuevos proyectos dentro del pilar de prevención del delito, acudir a reuniones con contrapartes y potenciales donantes y aportar ideas para el desarrollo de nuevos proyectos.
  • Participar en reuniones con contrapartes de UNODC, acudir a foros nacionales e internacionales, impartir talleres y ponencias en los temas de su área de experiencia.
  • Cualquier otra actividad que le sea asignada por la coordinación del pilar de prevención del delito y por la Representación de UNODC-LPO México.

 

La posición implica el contacto y la interacción frecuente con las siguientes contrapartes:

·         Funcionarios/as del Gobierno de México de nivel federal, estatal y municipal;

·         Organizaciones de la sociedad civil;

·         Organismos internacionales y embajadas;

·         Áreas y programas de UNODC;

·         Consultores externos y proveedores.

 

  • INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad personal
  • COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la organización
  • SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de género, religión, raza, nacionalidad y edad
  • RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género, creencias, etc.
  • ENFOQUE DE RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la retroalimentación
  • TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos.

 

Educación

  • Licenciatura en criminología, psicología, sociología, derecho y otras ramas de los estudios sociales.
  • Maestría en temáticas relevantes para el diseño de políticas de seguridad pública y su aplicación para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas desde una perspectiva sistémica, multidisciplinaria y a diversas escalas territoriales.

 

Otros conocimientos deseables

  • Diplomas, cursos o certificaciones relacionadas en materia de seguridad pública, instituciones policiales, prevención social del delito, fortalecimiento de capacidades institucionales, derechos humanos y estudios de género pueden considerarse una ventaja.
  • Conocimiento de las políticas de Naciones Unidas, procedimientos y operaciones, será considerado como ventaja.

 

Experiencia laboral

Mínimo ocho años de experiencia dentro de los siguientes rubros, temas o áreas de trabajo:

  • Diseño, implementación y evaluación de políticas y estrategias de seguridad pública con énfasis en prevención del delito y construcción de capacidades en instituciones policiales.
  • Generación de insumos técnicos y analíticos para el desarrollo de investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo en materia de seguridad pública, prevención del delito, participación ciudadana, violencia de género y acceso a la justicia.
  • Coordinación de equipos de trabajo en el campo de la seguridad pública, violencia de género, políticas públicas y afines.
  • Impartición de contenidos académicos o profesionalizantes en entornos educativos o institucionales, desde una perspectiva constructivista y enfocada en la creación de competencias y capacidades.
  • Experiencia de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en derechos humanos y con Instituciones gubernamentales.
  • Experiencia previa con el Sistema de Naciones Unidas será considerada una ventaja.

 

Idiomas

  • Excelente manejo del idioma español.
  • Dominio del idioma inglés (oral y escrito)

 

Otros

  • Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos, o extranjero/a, cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.
  • Disponibilidad para viajar.
  • Conocimiento de las políticas de Naciones Unidas, procedimientos y operaciones.
  • Conocimiento de Asuntos Públicos y Vinculación Institucional.
  • Deseable especialización en cualquiera de los temas que trabaja la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

 

 

 

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