SOBRE UNODC EN MÉXICO
En 1996 el Gobierno de México y los Gobiernos de Centroamérica, a través de sus embajadas acreditadas en México, celebraron un Memorando de Entendimiento mediante el cual se comprometieron a trabajar en conjunto con UNODC, esto con el fin de enfrentar los problemas de drogas y delito de la región. El memorando fue el antecedente para que en el año de 2003 la UNODC y el Gobierno de México celebraran un Acuerdo Sede para el establecimiento de la Oficina Regional para México y Centroamérica, con el fin de coordinar y supervisar las actividades de UNODC en esta región. En este acuerdo, el Gobierno de México reconoce la personalidad jurídica de la Oficina en México, así como sus privilegios e inmunidades. En el 2008 se firmó un Acuerdo de Cooperación que fortaleció aún más las relaciones entre UNODC y el Gobierno de México, a través del cual se establecieron las modalidades de cooperación entre ambos.
El 15 de octubre del 2012 se firmó un nuevo Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y las Naciones Unidas para generar una nueva forma de asociación y otorgar a la Oficina de UNODC en México funciones de una Oficina de Enlace y Partenariado, LPO por sus siglas en inglés. Esta nueva oficina desarrollará junto con el Estado mexicano operaciones y funciones de planificación estratégica, promoción de alianzas, Cooperación Sur-Sur, intercambio de información y conocimiento, así como análisis de tendencias. La fortalecida asociación entre México y la UNODC mantiene vigente el acuerdo de 2003.
Para más información, favor de consultar la página: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/en/index.html
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
A nivel mundial, la violencia contra mujeres y niñas (VCMN) es un fenómeno estructural y sistémico, que ocurre en un contexto de relaciones de poder desiguales y normas de género que promueven la discriminación, conformando un marco que limita el acceso a las oportunidades de desarrollo y lesiona el conjunto de derechos humanos fundamentales de las personas víctimas. En México, a este escenario se añaden factores intersectoriales como la escasez de servicios e infraestructura para el desarrollo social, el impacto generado por el crimen organizado, los bajos niveles de acceso a la justicia y las elevadas tasas de impunidad en el sistema penal, que tienen afectaciones diferenciadas en función del género.
Además de esta perspectiva cualitativa, la magnitud de la problemática puede ser también dimensionada a partir de los datos registrados por las fuentes oficiales. Al respecto, la última información recolectada por el INEGI[1] indica que 66.1% de las mujeres mexicanas de quince años o más, ha sufrido cuando menos un incidente de violencia a lo largo de sus vidas. En el ámbito de las políticas de seguridad, la misma institución indica que el indicador de percepción de inseguridad de mujeres y niñas es más elevado que el rango promedio nacional, al tiempo que supera lo expresado por los ciudadanos varones en todos los ámbitos territoriales [2].
Consciente de este escenario y en atención a su mandato, UNODC, en alianza con la Iniciativa Mérida, sumaron esfuerzos para respaldar el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad (el Programa).
Durante su primera fase, comprendida entre 2016 y 2018, esta iniciativa generó materiales de aprendizaje y transmitió herramientas teórico-prácticas a ocho mil oficiales de policía y agentes de atención de llamadas de emergencias que actúan como primeros respondientes en eventos que involucran a mujeres y niñas víctimas de violencia por razones de género, fortaleciendo las capacidades de prevención, atención y canalización de las instancias de seguridad pública de 20 entidades de la República.
Para su segunda fase, programada para implementarse entre 2019 y 2021, el Programa de Fortalecimiento ampliará sus alcances, tanto en términos numéricos como territoriales. Así, durante este periodo, la meta consiste en formar a diez mil primeros respondientes, así como actualizar y localizar los materiales previamente diseñados para que atiendan a las necesidades y características de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, comprendiendo un total de 25 entidades y 30 municipios.
Con estas medidas, el Programa de Fortalecimiento y la UNODC, buscan contribuir a la transformación y erradicación de los patrones culturales que normalizan y reproducen la violencia de género en todo el país.
OBJETIVO DEL PUESTO:
Contribuir en el diseño e implementación de estrategias de evaluación y monitoreo de las actividades de profesionalización del proyecto, para el fortalecimiento de capacidades y de coordinación con instituciones de seguridad pública encargadas de dar atención a víctimas de violencia de género.
[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. México: 2017. Consultado enhttps://bit.ly/2RFCUyv.
[2] __________________________________________. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. México: 2018. Consultado en https://bit.ly/2CZoiot.
TAREAS Y RESPONSABILIDADES:
Bajo la supervisión directa de la coordinación del proyecto, la/el analista en profesionalización de instituciones de seguridad realizará las siguientes tareas:
Educación
Experiencia laboral
Otros conocimientos deseables
Idiomas
Otros
Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos, o extranjero/a, cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.
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