ANTECEDENTES GENERALES DE LA OFICINA DE UNODC EN MEXICO

En 1996 el Gobierno de México y los Gobiernos de Centroamérica, a través de sus embajadas acreditadas en México, celebraron un Memorando de Entendimiento mediante el cual se comprometieron a trabajar en conjunto con UNODC, esto con el fin de enfrentar los problemas de drogas y delito de la región. El memorando fue el antecedente para que en el año de 2003 la UNODC y el Gobierno de México celebraran un Acuerdo Sede para el establecimiento de la Oficina Regional para México y Centroamérica, con el fin de coordinar y supervisar las actividades de UNODC en esta región.  En este acuerdo, el Gobierno de México reconoce la personalidad jurídica de la Oficina en México, así como sus privilegios e inmunidades. En el 2008 se firmó un Acuerdo de Cooperación que fortaleció aún más las relaciones entre UNODC y el Gobierno de México, a través del cual se establecieron las modalidades de cooperación entre ambos.

 

El 15 de octubre del 2012 se firmó un nuevo Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y las Naciones Unidas para generar una nueva forma de asociación y otorgar a la Oficina de UNODC en México funciones de una Oficina de Enlace y Partenariado, LPO por sus siglas en inglés. Esta nueva oficina desarrollará junto con el Estado mexicano operaciones y funciones de planificación estratégica, promoción de alianzas, Cooperación Sur-Sur, intercambio de información y conocimiento, así como análisis de tendencias. La fortalecida asociación entre México y la UNODC mantiene vigente el acuerdo de 2003.

 

 

Para más información, favor de consultar la página: http://www.unodc.org/

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en su calidad de guardián de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), tiene el mandato de apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por prevenir y combatir las amenazas de la delincuencia organizada, la corrupción, el terrorismo y las drogas ilícitas, así como para promover sistemas de justicia penal estables y fortalecer el estado de derecho, la impartición de justicia y esquemas de prevención de delito. Asimismo, la UNODC está comprometida con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reconoce de manera explícita la correlación entre el desarrollo sostenible y la lucha contra las drogas y los delitos.

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

Con fondos provistos por el Departamento de Estado de Estados Unidos (INL), la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México (LPOMEX, por sus siglas en inglés), en conjunto con las policías y fiscalías estatales de 16 entidades federativas, implementa el proyecto “Integración de los mecanismos de coordinación interinstitucional e investigación de delitos de alto impacto a nivel estatal” cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de coordinación, investigación y procesamiento de delitos graves del fuero común en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

Para la consecución de su objetivo, el proyecto encabeza el proceso de desarrollo participativo de estándares técnicos y operativos para la gestión y coordinación de la investigación penal en el ámbito estatal. Asimismo, mediante el diseño, capacitación, implementación y evaluación de la puesta en marcha de procedimientos estandarizados de operación (PEOs) se construirán modelos y protocolos que sentarán las bases para el establecimiento de un esquema de investigación coordinada, que responda a las necesidades de cada entidad federativa participante y que abone la experiencia de UNODC en materia de reforma policial y asistencia técnica a sistemas de procuración de justicia de manera que, además de alinearse a la legislación y experiencia mexicana los modelos se vean fortalecidos por las mejores prácticas internacionales.

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO

 

Liderar el diseño e implementación de los procedimientos estandarizados de operación (PEOs) que sentarán las bases para abonar al establecimiento de un esquema de coordinación efectiva entre las y los operadores que intervienen en el proceso de investigación criminal.

 

 

Bajo la supervisión directa de la Coordinadora del proyecto, el/la Supervisor/a en procesos de seguridad y justicia tendrá las siguientes responsabilidades:

 

  • Supervisar la revisión detallada del marco normativo legal vigente, buenas prácticas nacionales e internacionales y herramientas varias sobre la actuación y vinculación entre los operadores que intervienen en la investigación criminal, para apoyar en el diseño de los PEOs en materia de coordinación intra e interinstitucional en la investigación criminal de delitos de alto impacto.
  • Liderar el diseño de las herramientas de recolección de insumos en materia de coordinación intra e interinstitucional en la investigación criminal en conjunto con el área de Información y Gestión del Conocimiento y de Análisis y Capacitación.
  • Participar en las mesas de recolección de insumos y entrevistas a operadores de justicia para la elaboración de los PEOs. Apoyar en el procesamiento y análisis de los insumos recolectados sobre la coordinación entre los operadores que intervienen en la investigación.
  • Proponer los PEOs en materia de coordinación intra e interinstitucional en la investigación criminal de delitos de alto impacto.
  • Coordinar con el equipo de Entrevistas, el proceso de socialización y validación de los PEOs y las distintas mesas de trabajo y talleres con contrapartes clave en los estados en estrecha coordinación con el área de Enlace y Vinculación del proyecto.
  • Liderar el proceso de institucionalización de los PEOs con las contrapartes estatales.
  • Apoyar en el desarrollo de la estrategia de capacitación y de materiales sobre PEOs en materia de coordinación intra e interinstitucional en la investigación criminal.
  • Aportar insumos para preparar presentaciones, discursos y reportes sobre los avances en la implementación del proyecto, así como otras temáticas relacionadas de las que se le designe como punto focal.
  • Apoyar en el diseño de la capacitación y en la difusión de los Protocolos Estandarizados de Operación.
  • Apoyar en el diseño de la metodología para el monitoreo de la implementación de los PEOs en cada uno de los estados, en estrecha coordinación con el equipo de Información y Gestión del Conocimiento.
  • Cualquier otra función asignada por la Coordinadora del Proyecto.

 

El trabajo implica el contacto y la interacción frecuentes con las siguientes contrapartes:

  • Funcionarios estatales del Gobierno de México (en su mayoría instituciones vinculadas a la seguridad y procuración de justicia);
  • Personal técnico del donante del proyecto.
  • Otros funcionarios de UNODC.

 

RESULTADOS ESPERADOS:

  • Redacción, socialización, capacitación, implementación y monitoreo de los procedimientos estandarizados de operación.
  • Apoyar en el diseño de cursos de capacitación a autoridades locales.
  • Institucionalización de los PEOs en las distintas entidades.

 

 

  • INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad personal
  • COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la organización
  • SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de género, religión, raza, nacionalidad y edad
  • RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género, creencias, etc.
  • ENFOQUE DE RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la retroalimentación
  • TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos

 

EDUCACIÓN

  • Título universitario en Derecho, Administración y Políticas Públicas, o áreas afines.
  • Estudios avanzados (Diplomado, Especialidad, Certificación y/o Maestría) en temas relacionados con investigación y análisis criminal será considerada una ventaja.

 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS DESEABLES

 

  • Familiaridad con las áreas del mandato de UNODC.
  • Experiencia en instituciones gubernamentales en materia de seguridad y justicia.
  • Dominio de programas informáticos básicos (Windows, Word, Excel, PowerPoint).
  • Se considerará ventaja al menos 1 año de experiencia en el desarrollo de materiales de capacitación para las fuerzas de seguridad pública y personal de la tetralogía investigadora.

 

 

EXPERIENCIA LABORAL

 

  • Al menos 7 años de experiencia laboral mínima en materia de seguridad y justicia.
  • Experiencia en el análisis de marcos normativos y políticas públicas relacionadas a los procesos de seguridad y justicia en México.
  • Al menos 2 años de experiencia deberá de estar enfocada en la coordinación entre los actores que intervienen en las investigaciones de delitos.
  • Experiencia previa en procesos de redacción de PEOs y/o manuales de operación orientadas al sector de procuración de justicia.
  • Experiencia en capacitación de personal de seguridad y justicia.

 

IDIOMAS

  • Dominio del idioma español.
  • Idioma inglés en nivel intermedio.

 

 

NACIONALIDAD

  • Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos, o extranjero/a, cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.

 

HABILIDADES

 

  • Habilidad para planificar y organizar con eficiencia el trabajo;
  • Capacidad de análisis y síntesis;
  • Excelente nivel de comunicación oral y escrita.

OTROS:

  • Disponibilidad para viajar.

UNODC se compromete a garantizar la diversidad y la inclusión en su plantilla de personal, por lo cual alienta a las personas cualificadas, independientemente de su identidad genérica, nacionalidad, orientación sexual, cultura, antecedentes religiosos y étnicos, incluidas las personas con discapacidades, a postularse para formar parte de nuestra organización. 

 

UNODC no solicita ni indaga información sobre el estado de cualquier candidata/o con respecto al VIH o el sida, Asimismo, en ningún caso ejerce discriminación sobre la base del estatus de cada persona con respecto al VIH o el sida.

 

Todas las solicitudes serán tratadas con la más estricta confidencialidad.

 

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