ONU Mujeres, basada en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja por la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas; el empoderamiento de la mujer; y el logro de la igualdad entre mujeres y varones como contrapartes y beneficiarias del desarrollo, los derechos humanos, la acción humanitaria y la paz y la seguridad.
Las seis áreas de prioridad son:
Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, considerada como la Declaración fundamental de los Derechos de la Mujer. El espíritu de estos acuerdos quedó reafirmado en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por los estados miembros para el 2030, particularmente en el ODS 5 “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”.
Las mujeres son las principales cuidadoras en la sociedad argentina, llevando adelante actividades que regeneran el bienestar físico y emocional de las personas. Conforman el 86% de las personas empleadas en el sector del cuidado, declarado esencial por el gobierno en el contexto de pandemia, y representan más del 17% de las mujeres asalariadas del país (OIT y ONU Mujeres, 2020). Ocupan, en promedio, el doble del tiempo para actividades de trabajo no remunerado que los varones: 6,4 frente a 3,4 horas diarias (INDEC, 2014). Estas diferencias también son notorias entre mujeres de diferentes quintiles de ingresos, agravándose la carga de trabajo no remunerado en las más pobres (Rodríguez Enríquez, 2015). A nivel global, el valor económico de los servicios de cuidado y trabajo doméstico no remunerado ha sido estimado como equivalente al 9% del PIB global (ONU Mujeres, Policy Brief 16: 2020). Este porcentaje asciende al 15,9% para el caso argentino (Ministerio de Economía, 2020). En Argentina el acceso al derecho al cuidado se encuentra altamente fragmentado; existe una amplia variedad de normas según el régimen de contratación o pertenencia al sector privado o público, nacional o provincial (ONU Mujeres Argentina, 2020).
El país presenta una de las poblaciones más envejecidas de América Latina, con un 9,5% de adultos/as mayores con dependencia básica (CIEPP, 2019). Se espera que este proceso continúe en aumento y que para mediados de 2040, dado el descenso de la edad laboral, sea imposible mantener el crecimiento basado en la expansión de la fuerza de trabajo. El incremento de la participación económica de las mujeres será fundamental para compensar el efecto negativo del envejecimiento poblacional, aumentando la tasa de actividad (Banco Mundial, 2016).
Las personas mayores constituyen el grupo de mayor riesgo frente a la COVID-19, registrando mayores índices de mortalidad y, por tanto, requiriendo mayores cuidados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga una Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de una jubilación mínima, a mayores de 65 años que no cuentan con jubilación o pensión. Asimismo, en el contexto de la pandemia, el gobierno nacional prorrogó por tres años la moratoria jubilatoria para mujeres entre 60 y 65 años que no alcanzaban a cubrir la cantidad de años de aportes para acceder a una jubilación y dio un bono extraordinario para alivianar la situación. Sin embargo, estos beneficios han mostrado ser ineficaces para reducir la pobreza de esta población, que muchas veces se ven obligadas a endeudarse. Existe también una ausencia de políticas públicas integrales de cuidado para personas adultas mayores. Frente a la COVID-19, los retos del cuidado, especialmente familiar, se hacen extensivos a personas adultas mayores (Naciones Unidas Argentina, 2020). Si bien Argentina ratificó en 2017 la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores (2015), la cual incluye por primera vez el cuidado como derecho, el país no ha promulgado una ley específica para el tratamiento multinivel y el respeto de los derechos de este grupo.
Las personas con discapacidad, que representan el 12,9 % de la población nacional (INDEC, 2010), deben ser priorizadas para reconstruir mejor, pues están sujetas a múltiples desigualdades y vulneraciones de derechos (SERF, 2020; Naciones Unidas, 2020). Como detalla el análisis inicial de impacto socio-económico y ambiental de COVID-19 en Argentina (2020), el 65% de los hogares con una persona con discapacidad vio reducidos sus ingresos (contra el 60% del total de hogares) y el 15% perdió al menos un empleo (contra el 7,2% del total). Estos hogares redujeron su consumo de medicamentos y tienen mayores dificultades en el acceso a alimentos. A su vez, mientras los servicios sociales comunitarios que brindan apoyo psicosocial, comida e higiene han sido interrumpidos (en un contexto que incrementa los padecimientos mentales, como ansiedad y depresión), los establecimientos existentes para el cuidado de personas con discapacidad mental, que hospedan mayormente personas mayores, presentan condiciones deficitarias (hacinamiento, encierro, aislamiento social) y alta exposición al virus.
La situación actual se caracteriza por la precariedad de las condiciones laborales en el sector de cuidados, con una alta informalidad y falta de capacitación y recursos destinados al cuidado de personas adultas mayores. Un informe de ONU Mujeres y OIT sobre COVID-19 y trabajadores/as de salud en Argentina (2020) expuso las malas condiciones laborales para cuidar a la población argentina, donde las trabajadoras de la salud se encuentran en la primera línea del combate al virus pero con escasos recursos y formación. La inversión en infraestructura y sistemas integrales de cuidado, especialmente para el cuidado a largo plazo de personas adultas mayores y con discapacidad, y la provisión de servicios de calidad, es esencial para incrementar la inserción laboral de las mujeres, fomentar la creación de empleo decente, reducir la sobrecarga de responsabilidades durante la pandemia y promover el bienestar de los miembros del hogar (ONU Mujeres, Policy Brief 15: 2020).
En este contexto, las agencias de Naciones Unidas ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Laitna y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboraron el proyecto Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por COVID-19 desde una perspectiva de género: promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad en Argentina (en adelante “El Programa”), liderado por ONU Mujeres.
El programa propone dar respuesta a la crisis socioeconómica provocada por la COVID-19 en las mujeres en Argentina, promoviendo su autonomía económica y mejorando las políticas del cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad con enfoque de género y derechos. La propuesta procura impulsar la economía del cuidado en términos de participación laboral de las mujeres, bienestar, redistribución, crecimiento de las economías y mitigar los efectos económicos de la COVID-19 en mujeres por medio de su inclusión al sistema financiero y desincentivando el endeudamiento.
El Programa se compone de dos productos principales: 1. Políticas de cuidado integral diseñadas e implementadas para mejorar la distribución social de los cuidados y entre los géneros, para mejorar las condiciones de las cuidadoras y cuidadores no remunerados y de los trabajadores y trabajadoras del cuidado y para garantizar el cuidado de calidad de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, en especial de las personas adultas mayores y con discapacidad; y 2. Autonomía económica de las mujeres fortalecida mediante un mejor acceso a herramientas y estrategias de inclusión financiera y el diseño de políticas de prevención del endeudamiento, con especial énfasis en los hogares de ingresos más bajos.
Las agencias involucradas serán responsables de llevar adelante acciones previstas para la consecución de los resultados esperados. Como agencia líder del Programa, además de la responsabilidad de implementar actividades específicas en el marco de la propuesta, ONU Mujeres deberá coordinar la articulación interagencial.
Coordinar y supervisar la implementación del Programa sobre cuidados de personas mayores y con discapacidad de ONU Mujeres, asegurando alta calidad, eficiencia, oportunidad y consistencia para el logro de todos sus objetivos.
En el marco de la respuesta a la crisis de la COVID-19 en Argentina, el/la Especialista de Programa sobre cuidados de personas mayores y con discapacidad de ONU Mujeres proveerá servicios para la gestión de actividades y el logro de los objetivos del Programa, asegurando alta calidad, eficiencia, oportunidad y consistencia en su trabajo.
La/El Especialista del Programa sobre cuidados de personas mayores y con discapacidad trabajará en estrecha colaboración con el equipo de operaciones y programas, contrapartes de gobierno (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, PAMI, ANDIS), asesores/as y expertos/as técnicos, representantes de la academia y sociedad civil para apoyar en la gestión de las actividades priorizadas en el Plan de Actividades.
La función principal del/de la Especialista de Programa sobre Cuidados de personas mayores y con discapacidad es, por un lado, la coordinación general del Programa y, por el otro, la coordinación y supervisión de las actividades del componente del Programa que será implementado por parte de ONU Mujeres.
FUNCIONES:
a) Contribuir técnicamente al desarrollo de estrategias programáticas y comunicacionales relacionadas con el Programa:
b) Dar seguimiento a las acciones implementadas por las agencias involucradas (ONU Mujeres, OIT, CEPAL y PNUD) y coordinar el trabajo interagencial para lograr coherencia y alineación de las actividades propuestas:
c) Implementar las actividades de los productos 1 y 2 de responsabilidad de ONU Mujeres:
d) Responder a los requerimientos y solicitudes del fondo donante y de ONU Mujeres relativos a las actividades en el marco del Programa:
e) Elaborar informes para el monitoreo, evaluación y sistematización de experiencias, entre otros, según las prioridades, estrategias, procedimientos e instrumentos definidos.
La/El Especialista de Programas reportará a la Coordinadora de Programas de ONU Mujeres, y trabajará en colaboración con las demás Especialistas de Programas de la Oficina y los puntos focales de las agencias involucradas en el Programa.
Integridad:
• Demostrar coherencia en la defensa y promoción de los valores de ONU Mujeres en acciones y decisiones, de acuerdo con el Código de Conducta de la ONU.
Profesionalismo:
• Demostrar competencia profesional y conocimiento experto de las áreas sustantivas de trabajo pertinentes.
Sensibilidad cultural y valoración de la diversidad:
• Demostrar un aprecio por la naturaleza multicultural de la organización y la diversidad de su personal;
• Demostrar una perspectiva internacional, apreciando la diferencia de valores y aprendiendo de la diversidad cultural.
Ética y valores:
• Demostrar y salvaguardar la ética y la integridad.
Conciencia organizacional:
• Demostrar conocimiento corporativo y buen juicio.
Desarrollo e Innovación:
• Hacerse cargo del autodesarrollo y tomar la iniciativa.
Trabajar en equipo:
• Demostrar capacidad para trabajar en un entorno multicultural y multiétnico y para mantener relaciones laborales efectivas con personas de diferentes orígenes nacionales y culturales.
Comunicación e intercambio de información:
• Facilitar y fomentar la comunicación abierta y esforzarse por lograr una comunicación eficaz.
Autogestión e inteligencia emocional:
• Mantenerse sereno y positivo incluso en los momentos difíciles, manejando situaciones tensas con diplomacia y tacto, y tener un comportamiento constante hacia los demás.
Manejo de conflictos:
• Sacar a la luz los conflictos y abordarlos de manera proactiva reconociendo diferentes sentimientos y puntos de vista y dirigiendo la energía hacia una solución mutuamente aceptable.
Aprendizaje continuo e intercambio de conocimientos:
• Fomentar el aprendizaje y el intercambio de conocimientos
Toma de decisiones adecuada y transparente:
• Demostrar una toma de decisiones informada y transparente
• Capacidad para realizar una amplia gama de actividades especializadas destinadas al funcionamiento eficaz y eficiente de la unidad del Programa, incluido el apoyo logístico;
• Capacidad para proporcionar información para la reingeniería de procesos comerciales, la elaboración y la implementación de nuevos sistemas de gestión de datos;
• Crea, edita y presenta información en formatos claros y presentables, utilizando la funcionalidad de TI apropiada;
• Capacidad para organizar y completar múltiples tareas estableciendo prioridades;
• Capacidad para manejar un gran volumen de trabajo posiblemente con limitaciones de tiempo;
• Capacidad para establecer, construir y mantener relaciones efectivas con los clientes, demostrando comprensión de la perspectiva del cliente; anticipa las necesidades del cliente y las aborda con prontitud;
• Capacidad para administrar y ejecutar procesos y transacciones financieros;
• Capacidad para gestionar datos, documentos, correspondencia e información de informes y flujo de trabajo.
Título de maestría, posgrado o equivalente en ciencias políticas, sociales, administración pública, derecho, derechos humanos, estudios de género, gestión, economía u otras áreas relacionadas.
Se puede aceptar un título universitario de primer nivel en combinación con dos años adicionales de experiencia calificadora en lugar del título universitario avanzado.
Mínimo cinco años de experiencia laboral en el diseño e implementación de programas.
Conocimiento o experiencia laboral de al menos dos años en enfoque de género, promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Conocimiento y/o experiencia de trabajo demostrable en políticas de cuidado y/o de seguridad social (especialmente en personas mayores y/o con discapacidad).
Experiencia demostrable en liderazgo y coordinación de equipos de trabajo y/o en gestión pública.
Superados estos requisitos mínimos, se valorarán positivamente las siguientes competencias y experiencias:
ONU Mujeres está comprometida a lograr la diversidad laboral en términos de género, nacionalidad y cultura.
Las personas de grupos minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad son igualmente incentivadas a postularse.
Todas las solicitudes serán tratadas con la más estricta confidencialidad.
DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
ONU Mujeres tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a ello: patentes, derecho de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos, documentos y otros materiales que el/la especialista de programa haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la ejecución del presente contrato de servicios, y el/la especialista de programa reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación de ONU Mujeres. Sin embargo, en caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad del/la especialista de programa: i) que existían previamente al desempeño del/la especialista de programa de sus obligaciones en virtud del presente contrato, o ii) que el/la especialista de programa pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente contrato, ONU Mujeres no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el/la especialista de programa concederá a ONU Mujeres una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente contrato.
Contract Duration: 1 año con posibilidad de extensión según desempeño y disponibilidad financiera
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