Costa Rica es un país de renta media alta y registra un alto desarrollo humano. Durante las últimas tres décadas, el ingreso per cápita ha crecido significativamente y el país ha realizado una gran inversión en desarrollo social. Sin embargo, la pobreza por ingresos sigue estancada afectando a alrededor del 20% de los hogares, mientras que la desigualdad aumentó de un coeficiente de Gini de 0.475 en 1981 a 0.511 en 2018. Por lo tanto, los frutos del crecimiento económico no han llegado a amplios sectores de la población históricamente excluida, ni han brindado oportunidades y opciones sostenibles para salir y permanecer fuera de la pobreza.
La persistente exclusión social y el debilitamiento de los mecanismos que generan oportunidades de desarrollo y movilidad social han desencadenado el descontento en sectores de la población a la vez que se ha deteriorado el tejido social. Al mismo tiempo, la administración pública se ha vuelto cada vez más compleja y tanto los gobernados como los que gobiernan perciben que existen demasiados cuellos de botella y obstáculos que dificultan obtener resultados concretos en períodos de tiempo razonables. El crecimiento del gasto público se ha vuelto insostenible, generando un importante déficit que obligó a una reforma fiscal que incluye aumento en la base impositiva y restricción del gasto. Aún así, el margen presupuestario siguen siendo muy limitado.
Por otro lado, Costa Rica es reconocida mundialmente como líder en avances ambientales y acaba de lanzar su Plan Nacional de Descarbonización (PND), el primero a nivel mundial. En este contexto, el país necesita implementar un modelo de desarrollo que asegure la sostenibilidad ambiental y una mayor resiliencia para amortiguar el impacto de la sociedad humana en los ecosistemas y las diversas formas de vida existentes dentro de un territorio pequeño pero rico en recursos estratégicos como acuíferos, costas, montañas y bosques tropicales.
A estos desafíos se suman otros no menos importantes en materia de reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de quienes se quedan atrás, a saber, mujeres, niños y adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y la población LGBTI. La igualdad de género, la tolerancia y el respeto por la diversidad sexual, así como la lucha contra la discriminación, la violencia, el racismo y la xenofobia, requieren políticas públicas y respuestas institucionales más efectivas centradas en la inclusión de personas, grupos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, y programas sociales que satisfagan efectivamente sus necesidades específicas, determinadas por contextos diferenciados. Frente a esta situación, este programa se basa en un enfoque interseccional de género, intercultural y geográfico para ofrecer soluciones oportunas y pertinentes para la población a la que se dirije.
Para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, lograr el desarrollo humano y cristalizar la Agenda 2030 en políticas efectivas, Costa Rica necesita avanzar en la equidad e integración social de las mujeres. Es necesario abordar las brechas de género en el mercado laboral, que son un problema estructural. Las mujeres en Costa Rica enfrentan una triple barrera: inserción (participación en la fuerza laboral), selección (acceso al empleo) y valoración (brecha salarial), pero también hay una larga lista de desafíos y situaciones entrecruzadas, tales como: 1) una brecha salarial alta (27 % en el sector privado y 7% en el sector público); 2) el 80% de los hogares en pobreza a los que se dirige la Estrategia Puente al Desarrollo están encabezados por una mujer; 3) baja participación laboral (tasa de participación del 52.6% de las mujeres versus 75.7% de los hombres); 3) una cantidad desproporcionada de tiempo dedicado a las tareas domésticas y la atención no remunerada en el hogar (un promedio de 25.6 horas por semana para hombres y 74.4 para mujeres) y 4) exclusión estructural del financiamiento y tenencia de la tierra (según el Censo Agrícola de 2014 solo el 16% de los productores son mujeres, y de las 93,017 granjas existentes, solo 10,931 son lideradas por mujeres). Además, solo el 60.4% de las mujeres versus el 72.9% de los hombres tienen cobertura de seguridad social, siendo la diferencia de 12.5 puntos porcentuales la más alta en América Latina. También se estima que el 42.5 por ciento de la población de 65 años o más no tiene una pensión o salario. Desglosado por sexo, este porcentaje es del 25,9% para los hombres y del 56,9% para las mujeres.
Estas brechas, junto con los altos niveles de violencia contra las mujeres y las niñas, los feminicidios y las tasas de embarazo temprano entre las niñas y adolescentes en las comunidades pobres de la periferia del país, así como la discriminación estructural y brechas significativas en el acceso al empleo y la seguridad social de las comunidades afrodescendientes e indígenas, configuran un escenario de patrones de exclusión y desventajas que se cruzan por más de un factor. Esto explica una parte de la pobreza persistente y las desigualdades de género arraigadas. También limita la capacidad del sistema de protección social para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres y el acceso a oportunidades de trabajo decente, crédito, atención, educación técnica, acceso a la tecnología y participación en la toma de decisiones.
En este contexto, Costa Rica está en el proceso de impulsar un modelo de desarrollo sostenible que también garantice una mayor igualdad, en línea con los objetivos establecidos en la Agenda 2030. El PC es coherente con la aspiración nacional de construir ese modelo (UNDAF, 2018-2022), que también permite cerrar brechas sociales, ambientales y territoriales para obtener niveles crecientes de igualdad, sostenibilidad y resiliencia, y estrategias para garantizar la inclusión de los grupos más excluidos. Para contribuir a esta visión, el PC está alineado con la localización de las prioridades y compromisos nacionales en torno a la Agenda 2030, particularmente los ODS relacionados con la erradicación de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y el consumo y la producción responsables. .
La Estrategia Puente para el Desarrollo (EPD) ha sido diseñada para articular políticas de protección social dirigidas a la erradicación de la pobreza, mejorando los impactos de la inversión pública en esta área, como un esfuerzo para reducir la dispersión de la oferta de servicios institucionales y beneficiar a las personas y hogares en pobreza y pobreza extrema. De esta manera, el modelo ha venido transitando desde la atencon de la demanda a uno de búsqueda activa de las personas en situación de pobreza, eliminando de barreras que impiden el acceso al sistema, con una atención integral que permita el desarrollo de capacidades personales para una salida sostenible de esa situación hacia a una vida productiva, generando autonomía económica y contribución activa al desarrollo nacional.
Entre los resultados en la primera fase de implementación de la EPD antes mencionada, la porción de familias en extrema pobreza cayó de casi 91% a 46% al mejorar los arreglos institucionales para abordar la atención social, incluido el desarrollo de capacidades y los planes familiares. . Esta combinación de elementos facilitó los compromisos individuales y familiares junto con las obligaciones institucionales, impulsando la inclusión y la movilidad social. La trayectoria y las evaluaciones de la estrategia indican la necesidad de pasar a la siguiente etapa para consolidar sus logros en términos de (i) articulación institucional y (ii) acompañamiento de individuos / familias a medida que ejecutan sus planes para escapar de la pobreza, en ambos casos , claramente comprometido con una perspectiva de mayor inclusión y equidad social.
El gobierno del Presidente Alvarado Quesada (2018-2022) decidió expandir la estrategia para la reducción de la pobreza extrema, llamada Estrategia Puente al Desarrollo (EPD), articulando 18 instituciones para administrar programas de transferencias no contributivas y servicios de bienestar social. El Ministerio de Desarrollo Humano (MHD) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) solicitaron asistencia técnica del PNUD para revisar la EPD a la luz de las evaluaciones de su primer periodo de implementación (2015 – 2018), e integrar y articular nuevos componentes junto al de bienestar, específicamente los componentes de Agro, Trabajo, Comunidad y Prevención, con un enfoque en derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente, con el objetivo de aumentar la provisión de protección social junto a oportunidades de desarrollo integral para aquellos que se quedan atrás.
Los componentes de bienestar, laborales, agrícolas y territoriales asumen un papel fundamental para desarrollar y profundizar capacidades, con un vínculo más efectivo entre la oferta y la demanda de trabajo. El objetivo es mejorar la autogestión y las cadenas de valor entre emprendedores, cerrando brechas geográficas y asimetrías, mientras se trabaja hacia la atención integral de familias en situación de vulnerabilidad con dificultades para acceder a asistencia técnica, financiamiento oportuno e inserción económica.
Además, se reconoce la vinculación indisoluble entre la erradicación de la pobreza, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, y el fortalecimiento de la resiliencia frente a la crisis climática. A pesar de todos los avances realizados para abordar los objetivos de erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la salud y la protección del medio ambiente, hay pocas posibilidades de que este progreso sea sostenible si la mayoría de los ecosistemas de los que dependen los humanos continúan degradándose. En Costa Rica, el cambio climático, la intensificación del monocultivo, el crecimiento de la población y el consiguiente aumento de la demanda de alimentos, agua, biomasa y energía siguen teniendo un grave impacto en los servicios y funciones de los ecosistemas. En marcado contraste con los esfuerzos de descarbonización del país, los procesos clave como la urbanización y la desruralización, la explotación de los recursos naturales, la contaminación, la pérdida y la degradación de los hábitats naturales (terrestres, de agua dulce, costeros y marinos) son una amenaza para los objetivos sociales y económicos, y afectan los medios y calidad de vida de todas las personas, especialmente las están en mayor vulnerabilidad.
El Programa Conjunto (PC) Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Protección Social Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental, está dirigido a respaldar los esfuerzos del gobierno para mejorar la implementación de su política emblemática “Estrategia Puente al Desarrollo” (EPD), con el fin de fortalecer el sistema de protección social y acelerar el logro de los ODS a través de cambios concretos en el trabajo interinstitucional y el desarrollo de iniciativas locales en tres cantones específicos, mejorando las sinergias y coordinación entre las políticas nacionales económicas, sociales y ambientales.
El programa implementará modelos específicos para la localización coordinada, integrada y eficiente de la EPD con el objetivo de romper el ciclo de pobreza que afecta a las mujeres y sus familias en los cantones de Puntarenas, Buenos Aires y Limón, a través de la mejora en las capacidades de construcción y generación de oportunidades para el trabajo decente y emprendimiento vinculados a soluciones basadas en la naturaleza, garantizando el piso de protección social. Esto implica, necesariamente, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la coordinación e implementación de la EPD tanto a nivel nacional como local, así como la ejecución integrada de las políticas económicas, sociales y ambientales. El PC generará evidencia empírica para apoyar la toma de decisiones que reducirá la discriminación y la exclusión social, a la vez que contribuirá a derribar las barreras institucionales y culturales que enfrentan las mujeres para lograr autonomía económica, incluido el trabajo no remunerado, los bajos ingresos, el acceso desigual a la tierra y la falta de servicios de atención, entre otras formas de discriminación. Además, el proyecto se vinculará directamente con iniciativas que lleva adelante Naciones Unidas en el país en torno al monitoreo de los ODS a nivel local, al mismo tiempo que contribuirá de manera efectiva con la Agenda Nacional de los ODS, de más amplio alcance.
El cambio que propone del PC se desencadenará mediante el desarrollo de capacidades para la coordinación y la mejora del diseño y la implementación de programas y procesos al incluir enfoques centrados en las personas, sensibles al género y ambientalmente sostenibles, lo que a su vez aumentará la adecuación de la oferta de transferencias y servicios con respecto a necesidades específicas y, por lo tanto, mejorará la efectividad de los componentes de Bienestar, Trabajo y Agricultura de la EPD. Además, al diseñar e implementar enfoques innovadores e integrados a nivel local que mejorarán la dinámica de género en las comunidades piloto, se desencadenerán otras oportunidades económicas derivadas de la gestión de los recursos naturales y, por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones objetivo, ofreciendo lecciones aprendidas para futuras réplicas de diseño e implementación local de la EPD.
Desarrollar las labores de coordinación del Programa Conjunto (PC) Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Protección Social Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental, de acuerdo a las responsabilidades que se describen en este documento y otros de referencia, el plan de trabajo que se elabore a partir de la contratación y bajo las mecanismos de supervisión que más adelante se explican.
El/la Coordinador(a) del Programa es responsable de propiciar, apoyar técnicamente, y coordinar la implementación conjunta de las actividades programadas por las instituciones y agencias participantes, asegurando la articulación y la coherencia de las acciones que están bajo la responsabilidad de cada una de las agencias, la coordinación operativa y el logros de los resultados. Asimismo, será responsable de coordinar, apoyar y supervisar las actividades de reporte, evaluación y rendición de cuentas. Para llevar a cabo dicha tarea debe velar porque las actividades se implementen conforme al Documento de Programa Conjunto aprobado por el Fondo Conjunto de los ODS y otros documentos de referencia aplicables.
La coordinación debe llevarse a cabo en estrecha colaboración y comunicación con el Comité Técnico Nacional del Programa Conjunto, integrado por las personas designadas por las agencias e instituciones involucradas, que a su vez responde a los lineamientos y orientaciones del Comité Directivo Nacional. También debe considerarse otras instancias complementarias de coordinación derivadas del Comité Técnico.
3. Responsabilidades y tareas
Coordinación y planificación
Coordinación de la implementación
Desarrollo de Capacidades
Comunicación en el Programa
Gestión del Conocimiento y M&E
Reportes
Competencias corporativas
Competencias personales
Requisitos profesionales y experiencia
La persona que asuma la responsabilidad de este puesto deberá cumplir con, al menos, los siguientes requisitos:
Disclaimer
Important applicant information
All posts in the SC categories are subject to local recruitment.
Applicant information about UNDP rosters
Note: UNDP reserves the right to select one or more candidates from this vacancy announcement. We may also retain applications and consider candidates applying to this post for other similar positions with UNDP at the same grade level and with similar job description, experience and educational requirements.
Workforce diversity
UNDP is committed to achieving diversity within its workforce, and encourages all qualified applicants, irrespective of gender, nationality, disabilities, sexual orientation, culture, religious and ethnic backgrounds to apply. All applications will be treated in the strictest confidence.
Scam warning
The United Nations does not charge any application, processing, training, interviewing, testing or other fee in connection with the application or recruitment process. Should you receive a solicitation for the payment of a fee, please disregard it. Furthermore, please note that emblems, logos, names and addresses are easily copied and reproduced. Therefore, you are advised to apply particular care when submitting personal information on the web.
En caso de querer adjuntar documentación a su aplicación, debe ser un solo pdf en el cual puede incluir su hoja de vida actualizada, copia de la cedula de identidad y copia de atestados académicos.
El PNUD rechaza la violencia contra las mujeres, así como el hostigamiento sexual y la explotación Sexual en cualquier de sus formas, por lo que las personas colaboradoras deben mostrar una conducta integra al respecto.
Se invita a las mujeres a presentar su candidatura
Contract Duration: 1 Year
This vacancy is archived.